TEXTOS PERIODÍSTICOS: EDITORIAL

EDITORIAL

Populismo intimidatorio
Las instituciones internacionales deben rechazar el expolio de YPF por el Gobierno argentino

El País 18 ABR 2012

El conflicto desatado por Cristina Fernández con su decisión de expropiar el 51% del capital de YPF, acciones todas ellas propiedad del grupo Repsol, entra en una fase muy delicada en términos políticos y diplomáticos en la que, en todo caso, el Gobierno español debería evitar una política de cruda confrontación nacionalista. En respuesta a las razones enunciadas, pero no demostradas, de la presidenta argentina para decidir la expropiación, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, explicó ayer con detalle los movimientos inversores del grupo español en las concesiones de aquel país. Tales movimientos, ajustados mayoritariamente a las exigencias contractuales, ratifican que la expropiación es un expolio, agravado además con una ocupación inmediata de la sede de YPF en Buenos Aires, haciendo uso de recursos legales procedentes de la época de Videla, y la expulsión destemplada y descortés de los directivos españoles.
Los gestos del Gobierno argentino, calculados y hostiles, permiten deducir que la presidenta ha optado por una política populista e intimidatoria contra las inversiones extranjeras en Argentina. En especial las españolas, porque Cristina Fernández no se privó de amenazar veladamente a Telefónica. Incluso su alusión a la "trompa del elefante" refuerza la opinión de que su Gobierno busca desesperadamente un enemigo exterior al que culpar de sus fracasos energéticos. La presidenta y sus ministros necesitan un instrumento empresarial para seguir subvencionando la energía del país e YPF paga las consecuencias. En un reflejo propio de otra época, la presidenta argentina y la reducida camarilla que le asesora han confundido las reservas petroleras del país, que evidentemente son propiedad de los argentinos, con las acciones de una empresa que son propiedad de un grupo español. Su adquisición exigía la presentación de una opa, pero Buenos Aires, con mucho desparpajo y pocos escrúpulos, se ha saltado el trámite, es decir, la regla de juego.
Repsol recurrirá a los tribunales internacionales (Brufau anunció una demanda ante el Banco Mundial), aunque la Argentina de la señora Fernández se caracteriza por perder pleitos y no pagar. Y hay que negociar luego un justiprecio, aunque los tres años de plazo fijado para calcularlo sugieren un segundo expolio.
No es fácil la posición del Gobierno español. De forma atropellada, varios ministros han amagado con medidas económicas y diplomáticas que ahora tienen que concretar. La intensidad de tales medidas no puede ser muy alta, porque perjudicaría a los inversores españoles en Argentina; pero si se quedan cortas provocarán el rechazo de la opinión pública. La mejor opción es la ayuda institucional de la Comisión Europea. Bruselas ya ha suspendido un encuentro bilateral con Argentina; sería bueno que a ese rechazo se sumaran otras instituciones. El Gobierno de la señora Fernández se ha ganado a pulso que su país sea apartado inmediatamente del G-20.

Desinvertir en educación
No se puede afirmar sin datos que el recorte en la enseñanza será neutro para la calidad

El País 18 ABR 2012

Se ha dicho muchas veces que invertir en educación es invertir en futuro. Pues bien, en el enésimo incumplimiento de las promesas electorales del PP a cuenta de la crisis, el recorte de 3.000 millones en educación primaria y secundaria anunciado el lunes por el ministro José Ignacio Wert no solo va a truncar las posibilidades de mejora de las que dependía la capacidad del país para asumir los retos de la sociedad del conocimiento, sino que va a suponer una regresión a parámetros y condiciones que creíamos superados desde hacía mucho tiempo.
Por la forma en que se va a aplicar, el recorte supone, en la práctica, desinvertir gran parte del esfuerzo hecho en los últimos años. El número máximo de alumnos por aula pasará de 27 a 30 en primaria y de 30 a 36 en la secundaria obligatoria; los centros solo podrán pedir un interino para cubrir una baja a partir de 10 días de falta, y se elimina la obligación de ofrecer en cada centro al menos dos de los tres tipos de bachillerato existentes (normalmente se imparten ciencias y letras). Si el recorte va a concretarse, como se ha anunciado, en reducir las plantillas en una cuantía que aún no conocemos, pero que puede ser importante, y en sobrecargar a los docentes con más horas lectivas, más alumnos por clase y la sustitución de sus compañeros enfermos, ¿cómo se puede afirmar, como hizo el ministro, que eso apenas va a afectar a la calidad? Solo hay que acudir a las hemerotecas para comprobar cómo la reducción de esos parámetros y la posibilidad de que los docentes dispongan de más tiempo para actividades de refuerzo y preparación se han presentado por sucesivos Gobiernos de uno y otro color como elementos clave de mejora del sistema. Si ayer eran una mejora, su retirada no puede ser presentada hoy como algo neutro para la calidad.
La crisis obliga, ciertamente, a racionalizar y a tratar de optimizar, con medidas organizativas, los recursos disponibles. Pero no es eso lo que presentó el ministro a los consejeros de Educación, sino un recorte lineal que cada autonomía tendrá que administrar como pueda. La forma en que el ministro anunció a los consejeros el plan, sin un triste documento o una memoria que cuantifique su impacto, puede ser considerada además una falta de respeto en la que nunca debió incurrir el titular de una cartera que se llama Educación.